Comisión de los Derechos Humanos pide Danilo observe ley reforma policial

SANTO DOMINGO. La Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó al presidente Danilo Medina observar y devolver al Congreso Nacional la ley de reforma policial aprobada recientemente porque “desnaturaliza” la función de esa institución al cambiar “las formas” y no busca “transformar “de fondo” a la uniformada en una Policía de Ciudadanía para proteger a las personas”.

Entre los puntos que cita la Comisión es que la aprobada ley dispone que la policía es “un cuerpo armado constituido por agentes de la autoridad” y suprime la función como “organización civil al servicio de la ciudadanía y garante del ejercicio de los derechos y libertades”.

Agrega que tampoco establece “un catálogo de derechos de los y las policías que, aunque su función es de sujeción a las normas institucionales sin deliberación, estas no pueden afectar su condición constitucional de ciudadanos y ciudadanas.

Cita, asimismo, las comisiones ciudadanas, que establece el artículo 40 de la ley, la que calificó como “una mofa, porque las nombra el Consejo Superior Policial que, además, hará el reglamento operativo de dichas comisiones ciudadanas, cuyos “informes deben rendirlos al Consejo Superior Policial y no son vinculantes sino de probabilidades”.

En su misiva al presidente de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos critica que la nueva ley establezca que los juicios disciplinarios los realice la Dirección Central de Asuntos Internos y ciertas sanciones por faltas graves las impone el inspector general que, además, forman parte del Consejo Superior Policial con voz y voto, donde podrían conocer de nuevo para juzgar de un asunto que ya participaron, en violación del debido proceso.

“Esto es violatorio del debido proceso administrativo mandado a observar por el artículo 69.10 de la Constitución”, considera la Comisión.

Aunque dijo compartir el criterio de disminuir el número de generales a un máximo de veinte en los próximos dos años, cuestionó que no se hayan establecidos criterios claros para ese plan, lo que, según afirma, “se presta a discrecionalidad, arbitrariedad y trato desigual que podría generar una caza de brujas contra los oficiales desafectos, afectando su seguridad jurídica por los derechos adquiridos como oficiales”.



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